ACERCA DEL DEMANDADO PACTO EDUCATIVO Y LA LOMLOE

23 de diciembre de 2020

1.    ¿Por qué es tan difícil de lograr un pacto respecto a la educación en nuestro país?

La educación en el arma más poderosa que puedes utilizar para cambiar el mundo”, palabras de Nelson Mandela que nos emocionan y que seguro que tod@s compartimos. Y buena prueba de ello, es que ante cualquier comportamiento inadecuado, actitudes incívicas, falta de conocimiento, de capacidad crítica o de reflexión, de empatía con determinados colectivos,  … , se reclama más educación e, incluso, más cantidad de materias y contenidos curriculares en los colegios e Institutos. De este modo, la omnipresencia e importancia de la educación son reconocidas universalmente, más o menos explícitamente.

Estos días encontramos bastantes artículos en los medios de comunicación sobre la nueva Ley de Educación, la LOMLOE (Ley Orgánica de Modificación de la Ley Orgánica de Educación). Y está muy bien que los medios se ocupen de la educación, porque la ponen en el lugar que se merece, pero desgraciadamente la educación normalmente solo es objeto de atención cuando hay una nueva Ley de Educación, que en nuestro país tiene una frecuencia de unos pocos años, o cuando hay resultados de pruebas internacionales, como PISA (Programme for International Student Assessment) o TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study). En esos momentos también aparecen analistas, comentaristas, periodistas que, en ocasiones, lo que muestran con sus comentarios es el escaso conocimiento que tienen sobre la situación de la educación en España y lo fácilmente que calan algunos tópicos. Piden consenso, dando a entender la falta de interés de políticas y políticos, e incluso de las asociaciones y colectivos implicados, en ponerse de acuerdo en un tema tan importante para un país como es la educación.

Pocas veces hacen la reflexión o tratan de responder en profundidad, no con titulares más o menos populistas con carga peyorativa, ¿por qué es tan difícil llegar a un acuerdo?, ¿cuáles son las razones de estos desacuerdos constantes? La respuesta es sencilla, porque hay mucho en juego, porque son muchos los intereses creados, porque algunos estamentos poderosos no quieren perder sus privilegios en este país. Los privilegios no son derechos. Y muchos lo saben, otra cosa es que lo digan abierta y públicamente, sin tapujos.

La izquierda defiende y apuesta por una escuela pública y laica. Y estos son los principales y primeros principios que la derecha no admite. Ni uno ni otro. Es muy difícil llegar a un consenso porque lo que hay detrás de estos principios es un modelo social, es el tipo de sociedad que cada cual defiende. Una sociedad con unos servicios públicos potentes que cubran las necesidades básicas de toda la ciudadanía sin ningún tipo de discriminación ni adoctrinamiento, con un pensamiento libre, crítico y democrático frente a una sociedad neoliberal con muchos privilegios para algunos y nada para otros, con un fuerte individualismo, con la “libertad individual sin igualdad ni fraternidad” por bandera. Por esta razón, además de los intereses económicos, la discusión sobre la educación es fuertemente ideológica.

¿Y qué hay detrás de los principios de pública y laica? La igualdad en derechos de toda la sociedad, de las diferentes clases sociales. Solo, solo repito, la escuela pública es compensadora de desigualdades, es la única que garantiza que todos los niños y niñas sean atendidos, sean educados sin ningún tipo de discriminación, en las zonas rurales en las que no es rentable cualquier tipo de centro privado; en familias con muchos, pocos o ningún recurso; para alumnado con distinto origen; para todas y todos. Y solo la escuela laica garantiza la libertad de pensamiento, sin ningún tipo de religión, que siempre las familias pueden enseñar libremente en su ámbito familiar o religioso; sin ningún ideario; con diversidad de profesorado con distintas formas de pensar, seleccionado en unas oposiciones públicas.

Son muchos los países que han apostado por una educación pública como puede observarse en la gráfica 1[1]. España ocupa el tercer lugar de los 27 países de la Unión Europea que tiene una mayor contribución de la enseñanza privada, y dentro de esta de la concertada: 69% de enseñanza pública, 26% de privada-concertada y 5% de privada-no concertada.


Figura 1. Educación pública frente a educación privada (concertada o no) en los países de la Unión Europea.

 

Y ejemplos de educación laica también tenemos. Sirva un botón de muestra. Hace pocos días, como consecuencia del asesinato de un profesor en Francia, leí un artículo que decía que en la escuela francesa se iba a reforzar la laicidad. “El brutal ataque …. ha conmocionado a un país orgulloso de su Estado laico y sus valores republicanos, y que ha sufrido ya una larga serie de atentados islamistas.” [2]

Estas son las razones por las que en España se cambia de ley educativa con el color del gobierno, mientras que otras leyes impulsadas por la izquierda y que fueron contestadas fuertemente por la derecha e incluso votadas en contra se mantienen, como por ejemplo la ley del divorcio, la anti-tabaco, la del matrimonio homosexual, etc. 

 

2.    Avances y oportunidades pérdidas de la LOMLOE

Como acabo de decir la nueva ley educativa no apuesta por la educación pública y laica, pero corrige las aberraciones más graves de la LOMCE (Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa), que, como notorio exponente de la derecha, tomó claramente partido por la educación privada-concertada con conceptos y medidas como la demanda social, el distrito único de escolarización y la libre elección de centro; todas dirigidas a mantener privilegios, que no derechos. Y también apostó por la educación de la religión católica, haciendo que la Religión fuese evaluable y contase en la nota media. Siendo conscientes del declive que la religión sufre entre la juventud, le dan un caramelo envenenado: “Elige la Religión, así te quitas otra asignatura y además subes la nota media”. Todo vale para que las estadísticas de la elección de la religión suban y parezca que se trata de una elección libre.

Además, la LOMLOE aparta en la cuneta, esperemos que para siempre, los aspectos más negativos de la Ley Wert, que nunca debieron estar presentes en una ley de educación, como los itinerarios segregadores desde los 13 años; o la supresión de las perversas reválidas, cuyo amplísimo rechazo social obligó al propio PP a posponerlas sine die; y añadiendo aspectos positivos como la recuperación de la Educación Infantil como etapa educativa, desde los 0 años; o la devolución de competencias sustraídas a los Claustros y Consejos escolares de los centros; o la relativa pérdida de peso de la asignatura de Religión [3]. Sin olvidar, el punto y final a la cesión de suelo público por parte de los municipios para la construcción de centros privados-concertados, que espero que se mantenga. Petición, ya con solera, de todas las Plataformas por la Escuela Pública a lo largo de nuestra geografía.

Pero la ley vuelve a perder la oportunidad de dotar a nuestro país de una ley educativa acorde a los principios de defensa de los servicios públicos, de igualdad y laicidad, en consonancia con los países de nuestro entorno.

No obstante, hay que hacer ruido. Se trata de una nueva ley educativa de la izquierda que, como es habitual, pone en pie de guerra a los sectores de la derecha y de la Iglesia que se aferran fuertemente a sus privilegios y los defienden esparciendo mentiras y bulos, que sus seguidores no parecen tener el menor interés en contrastar. Y, ante esto, siempre me pregunto, ¿por qué las leyes de educación elaboradas por la izquierda no convierten esas mentiras, las que hacen referencia a la escuela pública y laica, las que sacan a los defensores de la concertada y a la Iglesia a la calle, en verdades? De esta forma, cuando se manifiesten y salgan a la calle protestando, lo harán diciendo la verdad, y nos habremos acercado a la escuela pública y laica que desde la izquierda defendemos. Hay que reconocer que somos un poco timoratos, poco valientes y no percibimos, o algunos no quieren percibir, que la derecha y la Iglesia son insaciables y no ceden ni un ápice en la defensa de sus privilegios.

Así lo expresa claramente un periodista en la prensa digital: “Los lloros de la carcunda nos hacen desinflar la crítica legítima a una ley cobarde en materia progresista. Las pataletas reaccionarias han impedido, una vez más, un progreso valiente. Su ruido nos está hurtando el debate desde posiciones de izquierdas frente a esta ley timorata mientras perdemos tiempo discutiendo con los que tienen que limpiarse el uniforme de lágrimas fachas[4].

Sí, las leyes educativas siempre movilizan a la ciudadanía. En este caso, como era sabido y esperable, a las asociaciones y patronal de los centros privados-concertados (todos los centros concertados son centros privados que reciben dinero público), que, además, mayoritariamente son religiosos. Y claro, como no podía ser de otra manera, a los partidos de la derecha, sus avales y defensores. Pero, no podemos olvidar que las camisetas verdes de la Marea Verde llenaron repetidamente las calles de numerosas ciudades españolas solicitando la derogación de la LOMCE, el fin de los recortes en educación y el cese del desvío del dinero público a los centros privados-concertados. Grandes manifestaciones de la Marea Verde tuvieron lugar para oponerse a los recortes educativos del Real Decreto 14/2012 [5]; en Madrid desde las Instrucciones de principio del curso 2011-12 de Esperanza Aguirre. Y a finales de diciembre de 2013 se aprobó la LOMCE con el apoyo único del PP y el compromiso de todos los partidos de derogarla, y la Marea Verde continúo inundando las calles en repetidas ocasiones. Sin comparación con lo ocurrido ahora, que, con unos pocos coches contaminando, llenan el Paseo de la Castellana en Madrid u otras calles en otras ciudades.



Figura 2. La Marea Verde inunda las ciudades de España

 

Pero, como vengo repitiendo, la LOMLOE adolece de una apuesta clara por la educación pública. No se compromete en conseguir una red pública de centros suficiente para atender las necesidades de escolarización en todos los niveles educativos, que es lo dice el artículo 27 de la Constitución. Y, por tanto, no limita el carácter subsidiario de los conciertos educativos, de modo que las enseñanzas concertadas solo se puedan mantener temporalmente cuando las necesidades de escolarización de una zona escolar de referencia no puedan ser atendidas por la red pública [6]. Ni tampoco limita los conciertos a las enseñanzas obligatorias.

Sorprendentemente sigue respetando la falacia de la “libertad de elección de centro”. Mantra que la derecha dice que está presente en la Constitución y que, como otros, ha calado socialmente.

La libertad de enseñanza, tal y como está recogida en el artículo 27 de la constitución, se refiere a que los poderes públicos garanticen que existan centros privados para facilitar la elección de los padres que así lo quieran, pero en ningún momento dice que se tenga que destinar dinero público para pagar estos centros a las familias que los eligen. ¡Bonita libertad de elección en la que se elige un centro privado, pagado con dinero público! La libertad de elección indica el respeto y la posibilidad de que las familias puedan elegir centros privados, que puedan ser creados libremente. Pero si toman esa decisión, lo racional, lo constitucional, es que paguen de su bolsillo. Es más fácil de entender si hacemos un símil, no contaminado por los debates mantenidos durante décadas, con el transporte. Si tenemos ciertas reticencias, del tipo que sean, a usar el transporte público, pedimos a las administraciones que nos paguen los taxis.

El Tribunal Constitucional en la sentencia 86/1985, de 10 de julio, dictada por su Sala Segunda, lo dejó meridianamente claro. En ella se puede leer “…siendo del todo claro que el derecho a la educación -a la educación gratuita en la enseñanza básica- no comprende el derecho a la gratuidad educativa en cualesquiera Centros privados, porque los recursos públicos no han de acudir, incondicionadamente, allá donde vayan las preferencias individuales[7]. Los autodenominados constitucionalistas, que usan la Constitución a su antojo, para hacerse un traje a medida, ignoran la sentencia del Tribunal Constitucional, y ante la LOMLOE llenan de mentiras los medios de comunicación diciendo que esta nueva ley educativa va en contra de la libertad de elección de centro, “su interpretación de esta libertad”, que no se puede defender con ningún argumento constitucional. [8]

Sin embargo, se mantiene esta falacia, “libertad de elección de centro”, en la LOMLOE, adquiriendo la categoría de derecho la financiación con dinero público de los centros privados. Veámoslo.

En el Preámbulo de la ley, se deja tan claro que invita a la reflexión. Se pone el derecho de educación al mismo nivel que la libertad de elección de centro, que como hemos visto de constitucional no tiene nada. Una buena ocasión pérdida.

Por otra parte, se señala que, en la admisión del alumnado en centros públicos y privados concertados, las Administraciones públicas garantizarán el derecho a la educación, el acceso en condiciones de igualdad y no discriminación y la libertad de elección de centro por padres, madres o tutores legales y atenderán a una adecuada y equilibrada distribución entre los centros escolares del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo.

En el Artículo 84, nuevamente aparece con la categoría de derecho.

1. Las Administraciones educativas regularán la admisión de alumnos y alumnas en centros públicos y privados concertados de tal forma que garantice el derecho a la educación, el acceso en condiciones de igualdad y la libertad de elección de centro por padres, madres o tutores legales. En dicha regulación se dispondrán las medidas necesarias para evitar la segregación del alumnado por motivos socioeconómicos o de otra naturaleza.

En el Artículo 109, también queda claro que se atenderá la elección de los interesados. 

2. Las enseñanzas reguladas en esta Ley se programarán por las Administraciones educativas teniendo en cuenta la oferta existente de centros públicos y la autorizada en los centros privados concertados, asegurando el derecho a la educación y articulando el principio de participación efectiva de los sectores afectados como mecanismo idóneo para atender adecuadamente los derechos y libertades y la elección de todos los interesados.

¿Por qué entonces protesta la derecha, la jerarquía eclesiástica, la patronal de los centros privados-concertados?

Porque hay un pequeño apunte que temen que las haga perder sus privilegios y su lucro económico y su posibilidad de adoctrinamiento. Todo va en el mismo paquete. Porque después de, al menos, una década de ataque indiscriminado a la escuela pública, cerrando aulas, cerrando centros; poniendo dificultades a familias que deseaban enseñanza pública, no respetando su libertad de elección, a pesar de su defensa; cediendo suelo público para hacer negocios e, incluso, en algún caso, teñidos de corrupción; desviando dinero público de la pública a la privada-concertada, la nueva ley trata de poner en valor la escuela pública, de hacerla avanzar algo en el gran retroceso a que la ha sometido la derecha en algunas comunidades autónomas, aunque tímidamente, como puede verse en el siguiente artículo:

Artículo 109. Programación de la red de centros

En la programación de la oferta de plazas, las Administraciones educativas armonizarán las exigencias derivadas de la obligación que tienen los poderes públicos de garantizar el derecho de todos a la educación, mediante una oferta suficiente de plazas públicas, en condiciones de igualdad y los derechos individuales de alumnos y alumnas, padres, madres y tutores legales. En todo caso, se perseguirá el objetivo de cohesión social y la consideración de la heterogeneidad de alumnado como oportunidad educativa.

En el marco de la programación general de la red de centros de acuerdo con los principios anteriores, las Administraciones educativas programarán la oferta educativa de modo que garanticen la existencia de plazas públicas suficientes, especialmente en las zonas de nueva población.

Las Administraciones educativas promoverán un incremento progresivo de puestos escolares en la red de centros de titularidad pública.

Pero además la manipulativa libertad de elección de centro solo se defiende cuando se trata de los centros privados-concertados, pero no cuando se trata de los públicos. En una noticia de hace algún tiempo, una madre contaba que su hija no fue admitida en ningún de los tres IES públicos más cercanos a su casa, por falta de plaza. Se dirigió al SAE (Servicio de Apoyo a la Escolarización) y allí se encontró con una cola interminable de personas en su misma situación. Les ofrecieron un listado de centros con plazas libres, la gran mayoría de centros privados-concertados y el IES más cercano a su casa estaba a 13 km. No quería centros privados-concertados. Se fue a la DAT (Dirección de Área Territorial en la Comunidad de Madrid) a poner una reclamación. A 8 de junio no tenía respuesta. Y no es el único caso, ni mucho menos.

La madre anterior decía: “Lo que más me enerva es que nos dirijan a los centros privados-concertados, aunque no queramos. En la cola reparé en que la mayoría se conformaba, pese a que preferían a la escuela pública, con tal de quitarse la angustia de no saber dónde van a estar sus hijos en septiembre”.

Pero no es solo una falacia, una falacia neoliberal, que nos inunda como otras sobre el uso de la palabra libertad [9], sino que conduce, por los privilegios y facilidades dados por los gobiernos autonómicos a una irregularidad. Para analizar la irregularidad, comienzo mostrando los datos de la distribución del alumnado en nuestro país en la Figura 3 y en la Figura 4 esta misma distribución por Comunidades autónomas, según datos del Ministerio de Educación [10].



 Figura 3. Distribución del alumnado en centros públicos y privados: concertados o no.



Figura 4. Distribución del alumnado en centros públicos y privados (concertados o no) en las distintas Comunidades Autónomas.

 

Y estos datos, como ya he dicho, nos conducen a la irregularidad que presenta el enorme peso de la escuela privada-concertada en nuestro país frente a los países de nuestro entorno, como puede observarse en la Figura 1. Irregularidad que es más ostentosa en el País Vasco y en Madrid.

Irregularidad que se mantiene por el fuerte poder de la Iglesia en nuestro país, quien defiende sus intereses con fuerza. Intereses económicos, lucro que le proporcionan sus centros privados-concertados, que no han cesado de aumentar su financiación, gracias a los gobiernos autonómicos de la derecha. E intereses de adoctrinamiento, que vienen de épocas obscuras de la historia de nuestro país. En palabras de Enrique Díez, en el artículo titulado, Financiar públicamente las opciones privadas de la educación no está en la Constitución: “La derecha conservadora, la ultraderecha, los obispos más reaccionarios, la jerarquía católica en general y, sobre todo, la patronal católica de la escuela concertada (que ya ha acaparado el 15% del total del sistema educativo y el 58% de la enseñanza privada-concertada, es decir, financiada públicamente con el dinero de todas y todos)”[11].

Falacia, irregularidad y, finalmente lo más grave desde mi punto de vista, fuente de segregación del alumnado, tal y como es señalado en fuentes diferentes y diversas, como son:

·    Los datos del Ministerio de Educación, la pública (donde está matriculado el 67% del alumnado), acoge al 78,5% de los estudiantes inmigrantes [12].

· La OCDE que en el informe denominado “Equidad y calidad de la educación. Apoyo a estudiantes y escuelas en desventaja” [13] indica claramente que “proporcionar plena libertad de elección de escuela a los padres puede dar por resultado la segregación de estudiantes según sus capacidades y antecedentes socioeconómicos, y generar mayores desigualdades en los sistemas educativos”.

·   El artículo “Magnitud de la segregación escolar por nivel socio económico en España y sus Comunidades Autónomas y comparación con los países de la Unión Europea”, donde sus autores señalan: “Estos datos indican que España es uno de los países más segregados de Europa, con cifras análogas a los países de Este más segregados y muy alejadas de los países de su contexto más cercano. La segregación escolar en las Comunidades ofrece resultados extremos, algunas se encuentran entre las más bajas de Europa (Illes Balears, Galicia y Aragón) y otras como la Comunidad de Madrid con una segregación muy alta, solo superada por Hungría dentro de la Unión Europea. Con todo ello se observa la incidencia de las políticas educativas regionales respecto a los criterios de admisión de centros en la segregación escolar, mostrando que políticas como el fomento de la educación privada, de la competencia de centros mediante la publicación de rankings o la creación de un distrito único puede configurar sistemas educativos inequitativos que atentan a la igualdad de oportunidades[14].

    La Fundación BBVA y el Instituto Ivie indican en un informe reciente que el sistema escolar español segrega a los alumnos: “… los ricos, con los ricos y los pobres, con los pobres. Dicho estudio, con datos de la OCDE, indica que la escuela pública tiene un 33% de alumnado de origen socioecónomico humilde, un 60% de entornos medios y un 6,7% aventajado. En la concertada se invierten los números: el 65,4% proviene de entornos aventajados, el 27,1% en la media y el 7,5% tiene origen humilde.” [15], [16]

 

Creo que no es difícil concluir que, a pesar de unos tímidos intentos de apuntalar la educación pública y restringir levemente el avance de la privada-concertada apoyada por la derecha y la Iglesia, este país vuelve a perder la oportunidad de tener una educación pública y laica, como se merece, igualándonos a los países de nuestro entorno, como ya fue propuesta por la II República, y que nos robaron violentamente.

No puedo terminar este artículo sin nombrar la Educación Infantil, en mi opinión de máxima importancia, porque es la que atiende a la más tierna infancia, la que constituye los cimientos sobre los que van a edificar el conocimiento, las emociones, las habilidades y los valores del resto de las etapas. Y cuya importancia y necesidad ha sido ratificada por numerosas publicaciones. También la Comisión Europea ha llamado la atención de los países integrantes para que universalicen y garanticen la calidad de la educación infantil. ¿A dónde, con quiénes queremos dejar a nuestros bebes y pequeñ@s durante unas horas cada día?

Pero de nuevo la ley se queda corta. Solo se compromete a “incrementar progresivamente la oferta de las plazas públicas en el primer ciclo con el fin de atender todas las solicitudes de escolarización de la población infantil de cero a tres años. Sí, públicas. En 2018, el 62% de las niñas y niños con menos de tres años no estaban escolarizados en nuestro país. Y en el segundo ciclo de la educación infantil, que será gratuito, se habla de nuevo de oferta en centros públicos y de conciertos con los centros privados.

Tendremos que seguir esperando y luchando, sin olvidar que además la Ley la tienen que aplicar los gobiernos de las Comunidades Autónomas.

 

[1] https://elordenmundial.com/mapas/educacion-primaria-secundaria-publica-privada-concertada-union-europea/

Interesante artículo que enumera todo en lo que la LOMLOE necesita mejorar

F. Javier Murillo y Cynthia Martínez-Garrido en Revista de Sociología de la Educación (2018)

2 comentarios:

  1. Desde que me jubilé me mantengo al margen de la enseñanza. Admiro tu capacidad para seguir al pie del cañón. Pero sobre todo te admiro, en este caso, por el artículo que has escrito. Me has explicado y aclarado muchas cosas y eso que no lo he terminado de leer. Jeje (haciendo honor a mi primer párrafo)

    ResponderEliminar
  2. Enhorabuena y gracias por aportarnos tus reflexiones.

    ResponderEliminar