23 de diciembre de 2020
1.
¿Por
qué es tan difícil de lograr un pacto respecto a la educación en nuestro país?
“La educación en el arma más poderosa que
puedes utilizar para cambiar el mundo”, palabras de Nelson Mandela que nos
emocionan y que seguro que tod@s compartimos. Y buena prueba de ello, es que
ante cualquier comportamiento inadecuado, actitudes incívicas, falta de
conocimiento, de capacidad crítica o de reflexión, de empatía con determinados
colectivos, … , se reclama más educación
e, incluso, más cantidad de materias y contenidos curriculares en los colegios
e Institutos. De este modo, la omnipresencia e importancia de la educación son
reconocidas universalmente, más o menos explícitamente.
Estos
días encontramos bastantes artículos en los medios de comunicación sobre la
nueva Ley de Educación, la LOMLOE (Ley Orgánica de Modificación de la Ley
Orgánica de Educación). Y está muy bien que los medios se ocupen de la
educación, porque la ponen en el lugar que se merece, pero desgraciadamente la
educación normalmente solo es objeto de atención cuando hay una nueva Ley de
Educación, que en nuestro país tiene una frecuencia de unos pocos años, o
cuando hay resultados de pruebas internacionales, como PISA (Programme for International Student Assessment) o TIMSS (Trends in International Mathematics and
Science Study). En esos momentos también aparecen analistas,
comentaristas, periodistas que, en ocasiones, lo que muestran con sus
comentarios es el escaso conocimiento que tienen sobre la situación de la
educación en España y lo fácilmente que calan algunos tópicos. Piden consenso,
dando a entender la falta de interés de políticas y políticos, e incluso de las
asociaciones y colectivos implicados, en ponerse de acuerdo en un tema tan
importante para un país como es la educación.
Pocas
veces hacen la reflexión o tratan de responder en profundidad, no con titulares
más o menos populistas con carga peyorativa, ¿por qué es tan difícil llegar a
un acuerdo?, ¿cuáles son las razones de estos desacuerdos constantes? La
respuesta es sencilla, porque hay mucho en juego, porque son muchos los
intereses creados, porque algunos estamentos poderosos no quieren perder sus
privilegios en este país. Los privilegios no son derechos. Y muchos lo saben,
otra cosa es que lo digan abierta y públicamente, sin tapujos.
La
izquierda defiende y apuesta por una escuela pública y laica. Y estos son los
principales y primeros principios que la derecha no admite. Ni uno ni otro. Es
muy difícil llegar a un consenso porque lo que hay detrás de estos principios
es un modelo social, es el tipo de sociedad que cada cual defiende. Una
sociedad con unos servicios públicos potentes que cubran las necesidades
básicas de toda la ciudadanía sin ningún tipo de discriminación ni
adoctrinamiento, con un pensamiento libre, crítico y democrático frente a una
sociedad neoliberal con muchos privilegios para algunos y nada para otros, con
un fuerte individualismo, con la “libertad individual sin igualdad ni
fraternidad” por bandera. Por esta razón, además de los intereses económicos,
la discusión sobre la educación es fuertemente ideológica.
¿Y
qué hay detrás de los principios de pública y laica? La igualdad en derechos de
toda la sociedad, de las diferentes clases sociales. Solo, solo repito, la
escuela pública es compensadora de desigualdades, es la única que garantiza que
todos los niños y niñas sean atendidos, sean educados sin ningún tipo de
discriminación, en las zonas rurales en las que no es rentable cualquier tipo
de centro privado; en familias con muchos, pocos o ningún recurso; para
alumnado con distinto origen; para todas y todos. Y solo la escuela laica
garantiza la libertad de pensamiento, sin ningún tipo de religión, que siempre
las familias pueden enseñar libremente en su ámbito familiar o religioso; sin
ningún ideario; con diversidad de profesorado con distintas formas de pensar,
seleccionado en unas oposiciones públicas.
Son
muchos los países que han apostado por una educación pública como puede
observarse en la gráfica 1[1].
España ocupa el tercer lugar de los 27 países de la Unión Europea que tiene una
mayor contribución de la enseñanza privada, y dentro de esta de la concertada:
69% de enseñanza pública, 26% de privada-concertada y 5% de privada-no
concertada.
Figura 1. Educación pública frente a educación privada (concertada o no) en los países de la Unión Europea.
Y
ejemplos de educación laica también tenemos. Sirva un botón de muestra. Hace
pocos días, como consecuencia del asesinato de un profesor en Francia, leí un
artículo que decía que en la escuela francesa se iba a reforzar la laicidad. “El brutal ataque
…. ha conmocionado a un país
orgulloso de su Estado laico y sus valores republicanos, y que
ha sufrido ya una larga serie de atentados islamistas.” [2]
Estas
son las razones por las que en España se cambia de ley educativa con el color
del gobierno, mientras que otras leyes impulsadas por la izquierda y que fueron
contestadas fuertemente por la derecha e incluso votadas en contra se
mantienen, como por ejemplo la ley del divorcio, la anti-tabaco, la del
matrimonio homosexual, etc.
2.
Avances
y oportunidades pérdidas de la LOMLOE
Como
acabo de decir la nueva ley educativa no apuesta por la educación pública y
laica, pero corrige las aberraciones más graves de la LOMCE (Ley Orgánica de
Mejora de la Calidad Educativa), que, como notorio exponente de la derecha,
tomó claramente partido por la educación privada-concertada con conceptos y
medidas como la demanda social, el distrito único de escolarización y la libre
elección de centro; todas dirigidas a mantener privilegios, que no derechos. Y también
apostó por la educación de la religión católica, haciendo que la Religión fuese
evaluable y contase en la nota media. Siendo conscientes del declive que la
religión sufre entre la juventud, le dan un caramelo envenenado: “Elige la
Religión, así te quitas otra asignatura y además subes la nota media”. Todo
vale para que las estadísticas de la elección de la religión suban y parezca
que se trata de una elección libre.
Además,
la LOMLOE aparta en la cuneta, esperemos que para siempre, los aspectos más
negativos de la Ley Wert, que nunca
debieron estar presentes en una ley de educación, como los itinerarios segregadores desde los 13 años; o la supresión de
las perversas reválidas, cuyo amplísimo rechazo social obligó al propio PP a
posponerlas sine die;
y añadiendo aspectos positivos como la
recuperación de la Educación Infantil como etapa educativa, desde los 0 años; o
la devolución de competencias sustraídas a los Claustros y Consejos escolares
de los centros; o la relativa pérdida de peso de la asignatura de Religión [3].
Sin olvidar, el punto y final a la cesión de suelo público por parte de los
municipios para la construcción de centros privados-concertados, que espero que
se mantenga. Petición, ya con solera, de todas las Plataformas por la Escuela Pública
a lo largo de nuestra geografía.
Pero
la ley vuelve a perder la oportunidad de dotar a nuestro país de una ley educativa
acorde a los principios de defensa de los servicios públicos, de igualdad y
laicidad, en consonancia con los países de nuestro entorno.
No
obstante, hay que hacer ruido. Se trata de una nueva ley educativa de la
izquierda que, como es habitual, pone en pie de guerra a los sectores de la
derecha y de la Iglesia que se aferran fuertemente a sus privilegios y los
defienden esparciendo mentiras y bulos, que sus seguidores no parecen tener el
menor interés en contrastar. Y, ante esto, siempre me pregunto, ¿por qué las
leyes de educación elaboradas por la izquierda no convierten esas mentiras, las
que hacen referencia a la escuela pública y laica, las que sacan a los
defensores de la concertada y a la Iglesia a la calle, en verdades? De esta
forma, cuando se manifiesten y salgan a la calle protestando, lo harán diciendo
la verdad, y nos habremos acercado a la escuela pública y laica que desde la
izquierda defendemos. Hay que reconocer que somos un poco timoratos, poco
valientes y no percibimos, o algunos no quieren percibir, que la derecha y la
Iglesia son insaciables y no ceden ni un ápice en la defensa de sus
privilegios.
Así
lo expresa claramente un periodista en la prensa digital: “Los lloros de la carcunda nos hacen desinflar la crítica legítima a una
ley cobarde en materia progresista. Las pataletas reaccionarias han impedido,
una vez más, un progreso valiente. Su ruido nos está hurtando el debate desde
posiciones de izquierdas frente a esta ley timorata mientras perdemos tiempo
discutiendo con los que tienen que limpiarse el uniforme de lágrimas fachas”
[4].
Sí,
las leyes educativas siempre movilizan a la ciudadanía. En este caso, como era
sabido y esperable, a las asociaciones y patronal de los centros
privados-concertados (todos los centros concertados son centros privados que
reciben dinero público), que, además, mayoritariamente son religiosos. Y claro,
como no podía ser de otra manera, a los partidos de la derecha, sus avales y
defensores. Pero, no podemos olvidar que las camisetas verdes de la Marea Verde
llenaron repetidamente las calles de numerosas ciudades españolas solicitando
la derogación de la LOMCE, el fin de los recortes en educación y el cese del
desvío del dinero público a los centros privados-concertados. Grandes
manifestaciones de la Marea Verde tuvieron lugar para oponerse a los recortes
educativos del Real Decreto 14/2012 [5];
en Madrid desde las Instrucciones de principio del curso 2011-12 de Esperanza
Aguirre. Y a finales de diciembre de 2013 se aprobó la LOMCE con el apoyo único
del PP y el compromiso de todos los partidos de derogarla, y la Marea Verde
continúo inundando las calles en repetidas ocasiones. Sin comparación con lo
ocurrido ahora, que, con unos pocos coches contaminando, llenan el Paseo de la
Castellana en Madrid u otras calles en otras ciudades.
Figura 2.
La Marea Verde inunda las ciudades de España
Pero, como vengo repitiendo, la LOMLOE adolece de
una apuesta clara por la educación pública. No se compromete en conseguir una
red pública de centros suficiente para atender las necesidades de
escolarización en todos los niveles educativos, que es lo dice el artículo 27 de
la Constitución. Y, por tanto, no limita el carácter subsidiario de los
conciertos educativos, de modo que las enseñanzas concertadas solo se puedan
mantener temporalmente cuando las necesidades de escolarización de una zona
escolar de referencia no puedan ser atendidas por la red pública [6]. Ni tampoco limita los conciertos a las enseñanzas
obligatorias.
Sorprendentemente sigue respetando la falacia de la
“libertad de elección de centro”. Mantra que la derecha dice que está presente
en la Constitución y que, como otros, ha calado socialmente.
La libertad de enseñanza, tal y
como está recogida en el artículo 27 de la constitución, se refiere a que los
poderes públicos garanticen que existan centros privados para facilitar la
elección de los padres que así lo quieran, pero en ningún momento dice que se
tenga que destinar dinero público para pagar estos centros a las familias que
los eligen. ¡Bonita libertad de elección en la que se elige un centro privado,
pagado con dinero público! La libertad de elección indica el respeto y la
posibilidad de que las familias puedan elegir centros privados, que puedan ser
creados libremente. Pero si toman esa decisión, lo racional, lo constitucional,
es que paguen de su bolsillo. Es más fácil de entender si hacemos un símil, no
contaminado por los debates mantenidos durante décadas, con el transporte. Si
tenemos ciertas reticencias, del tipo que sean, a usar el transporte público, pedimos
a las administraciones que nos paguen los taxis.
El
Tribunal Constitucional en la sentencia 86/1985, de 10 de julio, dictada por su
Sala Segunda, lo dejó meridianamente claro. En ella se puede leer “…siendo del todo claro que el derecho a la
educación -a la educación gratuita en la enseñanza básica- no comprende el
derecho a la gratuidad educativa en cualesquiera Centros privados, porque los
recursos públicos no han de acudir, incondicionadamente, allá donde vayan las
preferencias individuales” [7].
Los autodenominados constitucionalistas, que usan la
Constitución a su antojo, para hacerse un traje a medida, ignoran la sentencia
del Tribunal Constitucional, y ante la LOMLOE llenan de mentiras los medios de
comunicación diciendo que esta nueva ley educativa va en contra de la libertad
de elección de centro, “su interpretación de esta libertad”, que no se puede
defender con ningún argumento constitucional. [8]
Sin embargo, se mantiene esta falacia,
“libertad de elección de centro”, en la LOMLOE, adquiriendo la categoría de
derecho la financiación con dinero público de los centros privados. Veámoslo.
En
el Preámbulo de la ley, se deja tan claro que invita a la reflexión. Se pone el
derecho de educación al mismo nivel que la libertad de elección de centro, que
como hemos visto de constitucional no tiene nada. Una buena ocasión pérdida.
Por otra parte, se señala que,
en la admisión del alumnado en centros públicos y privados concertados, las
Administraciones públicas garantizarán
el derecho a la educación, el acceso en condiciones de igualdad y no
discriminación y la libertad de elección de centro por padres, madres o
tutores legales y atenderán a una adecuada y equilibrada distribución entre los
centros escolares del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo.
En el Artículo 84, nuevamente aparece con la
categoría de derecho.
1. Las Administraciones educativas regularán la admisión de alumnos y alumnas en centros públicos y privados concertados de tal forma que garantice el derecho a la educación, el acceso en condiciones de igualdad y la libertad de elección de centro por padres, madres o tutores legales. En dicha regulación se dispondrán las medidas necesarias para evitar la segregación del alumnado por motivos socioeconómicos o de otra naturaleza.
En el Artículo 109, también queda claro que se atenderá la elección de los interesados.
2. Las enseñanzas reguladas en esta Ley se
programarán por las Administraciones educativas teniendo en cuenta la oferta
existente de centros públicos y la autorizada en los centros privados
concertados, asegurando el derecho a la educación y articulando el principio de
participación efectiva de los sectores afectados como mecanismo idóneo para
atender adecuadamente los derechos y libertades y la elección de todos los interesados.
¿Por
qué entonces protesta la derecha, la jerarquía eclesiástica, la patronal de los
centros privados-concertados?
Porque
hay un pequeño apunte que temen que las haga perder sus privilegios y su lucro
económico y su posibilidad de adoctrinamiento. Todo va en el mismo paquete.
Porque después de, al menos, una década de ataque indiscriminado a la escuela
pública, cerrando aulas, cerrando centros; poniendo dificultades a familias que
deseaban enseñanza pública, no respetando su libertad de elección, a pesar de
su defensa; cediendo suelo público para hacer negocios e, incluso, en algún
caso, teñidos de corrupción; desviando dinero público de la pública a la
privada-concertada, la nueva ley trata de poner en valor la escuela pública, de
hacerla avanzar algo en el gran retroceso a que la ha sometido la derecha en
algunas comunidades autónomas, aunque tímidamente, como puede verse en el
siguiente artículo:
Artículo
109. Programación de la red de centros
En la programación de la
oferta de plazas, las Administraciones educativas armonizarán las exigencias
derivadas de la obligación que tienen los poderes públicos de garantizar el
derecho de todos a la educación, mediante
una oferta suficiente de plazas públicas, en condiciones de igualdad y los
derechos individuales de alumnos y alumnas, padres, madres y tutores legales.
En todo caso, se perseguirá el objetivo de cohesión social y la consideración
de la heterogeneidad de alumnado como oportunidad educativa.
En el marco de la programación
general de la red de centros de acuerdo con los principios anteriores, las
Administraciones educativas programarán la oferta educativa de modo que
garanticen la existencia de plazas
públicas suficientes, especialmente en las zonas de nueva población.
Las Administraciones
educativas promoverán un incremento
progresivo de puestos escolares en la red de centros de titularidad pública.
Pero además la manipulativa libertad de elección de centro solo se
defiende cuando se trata de los centros privados-concertados, pero no cuando se
trata de los públicos. En una noticia de hace algún tiempo, una madre contaba
que su hija no fue admitida en ningún de los tres IES públicos más cercanos a
su casa, por falta de plaza. Se dirigió al SAE (Servicio de Apoyo a la
Escolarización) y allí se encontró con una cola interminable de personas en su
misma situación. Les ofrecieron un listado de centros con plazas libres, la
gran mayoría de centros privados-concertados y el IES más cercano a su casa
estaba a 13 km. No quería centros privados-concertados. Se fue a la DAT (Dirección
de Área Territorial en la Comunidad de Madrid) a poner una reclamación. A 8 de
junio no tenía respuesta. Y no es el único caso, ni mucho menos.
La madre anterior decía: “Lo
que más me enerva es que nos dirijan a los centros privados-concertados, aunque
no queramos. En la cola reparé en que la mayoría se conformaba, pese a que
preferían a la escuela pública, con tal de quitarse la angustia de no saber
dónde van a estar sus hijos en septiembre”.
Pero no es solo una falacia, una falacia neoliberal, que nos
inunda como otras sobre el uso de la palabra libertad [9],
sino que conduce, por los privilegios y facilidades dados por los gobiernos
autonómicos a una irregularidad.
Para analizar la irregularidad, comienzo mostrando los datos de la distribución
del alumnado en nuestro país en la Figura 3 y en la Figura 4 esta misma
distribución por Comunidades autónomas, según datos del Ministerio de Educación
[10].
Y
estos datos, como ya he dicho, nos conducen a la irregularidad que presenta el
enorme peso de la escuela privada-concertada en nuestro país frente a los
países de nuestro entorno, como puede observarse en la Figura 1. Irregularidad
que es más ostentosa en el País Vasco y en Madrid.
Irregularidad
que se mantiene por el fuerte poder de la Iglesia en nuestro país, quien
defiende sus intereses con fuerza. Intereses económicos, lucro que le
proporcionan sus centros privados-concertados, que no han cesado de aumentar su
financiación, gracias a los gobiernos autonómicos de la derecha. E intereses de
adoctrinamiento, que vienen de épocas obscuras de la historia de nuestro país.
En palabras de Enrique Díez, en el artículo titulado, Financiar públicamente
las opciones privadas de la educación no está en la Constitución: “La
derecha conservadora, la ultraderecha, los obispos más reaccionarios, la
jerarquía católica en general y, sobre todo, la patronal católica de la escuela
concertada (que ya ha acaparado el 15% del total del sistema educativo y el 58%
de la enseñanza privada-concertada, es decir, financiada públicamente con el
dinero de todas y todos)”[11].
Falacia, irregularidad y, finalmente lo más grave desde
mi punto de vista, fuente de segregación
del alumnado, tal y como es señalado en fuentes diferentes y diversas, como
son:
· Los datos del Ministerio
de Educación, la pública (donde está
matriculado el 67% del alumnado), acoge al 78,5% de los estudiantes inmigrantes
[12].
· La OCDE que en el informe
denominado “Equidad y calidad de la educación. Apoyo a estudiantes y escuelas
en desventaja” [13]
indica claramente que “proporcionar plena
libertad de elección de escuela a los padres puede dar por resultado la
segregación de estudiantes según sus capacidades y antecedentes
socioeconómicos, y generar mayores desigualdades en los sistemas educativos”.
· El artículo “Magnitud de la segregación escolar por nivel socio económico en España y sus Comunidades Autónomas y comparación con los países de la Unión Europea”, donde sus autores señalan: “Estos datos indican que España es uno de los países más segregados de Europa, con cifras análogas a los países de Este más segregados y muy alejadas de los países de su contexto más cercano. La segregación escolar en las Comunidades ofrece resultados extremos, algunas se encuentran entre las más bajas de Europa (Illes Balears, Galicia y Aragón) y otras como la Comunidad de Madrid con una segregación muy alta, solo superada por Hungría dentro de la Unión Europea. Con todo ello se observa la incidencia de las políticas educativas regionales respecto a los criterios de admisión de centros en la segregación escolar, mostrando que políticas como el fomento de la educación privada, de la competencia de centros mediante la publicación de rankings o la creación de un distrito único puede configurar sistemas educativos inequitativos que atentan a la igualdad de oportunidades”[14].
La Fundación BBVA y el Instituto Ivie indican en un informe reciente que el sistema escolar español segrega a los alumnos: “… los ricos, con los ricos y los pobres, con los pobres. Dicho estudio, con datos de la OCDE, indica que la escuela pública tiene un 33% de alumnado de origen socioecónomico humilde, un 60% de entornos medios y un 6,7% aventajado. En la concertada se invierten los números: el 65,4% proviene de entornos aventajados, el 27,1% en la media y el 7,5% tiene origen humilde.” [15], [16]
Creo que no es difícil concluir que, a pesar
de unos tímidos intentos de apuntalar la educación pública y restringir
levemente el avance de la privada-concertada apoyada por la derecha y la
Iglesia, este país vuelve a perder la oportunidad de tener una educación
pública y laica, como se merece, igualándonos a los países de nuestro entorno,
como ya fue propuesta por la II República, y que nos robaron violentamente.
No puedo terminar este artículo sin nombrar
la Educación Infantil, en mi opinión de máxima importancia, porque es la que
atiende a la más tierna infancia, la que constituye los cimientos sobre los que
van a edificar el conocimiento, las emociones, las habilidades y los valores del
resto de las etapas. Y cuya importancia y necesidad ha sido ratificada por
numerosas publicaciones. También la Comisión Europea ha llamado la atención de
los países integrantes para que universalicen y garanticen la calidad de la educación
infantil. ¿A dónde, con quiénes queremos dejar a nuestros bebes y pequeñ@s
durante unas horas cada día?
Pero de nuevo la ley se queda corta. Solo se
compromete a “incrementar progresivamente
la oferta de las plazas públicas en
el primer ciclo con el fin de atender todas las solicitudes de escolarización
de la población infantil de cero a tres años”. Sí, públicas. En 2018, el 62% de las niñas y niños con menos de tres años no estaban escolarizados en nuestro país. Y en el segundo ciclo de la educación infantil,
que será gratuito, se habla de nuevo de oferta en centros públicos y de
conciertos con los centros privados.
Tendremos que seguir esperando y luchando, sin olvidar que
además la Ley la tienen que aplicar los gobiernos de las Comunidades Autónomas.
[1] https://elordenmundial.com/mapas/educacion-primaria-secundaria-publica-privada-concertada-union-europea/
Interesante
artículo que enumera todo en lo que la LOMLOE necesita mejorar
[7] https://hj.tribunalconstitucional.es/es-ES/Resolucion/Show/466#complete_resolucion&completa
[8] https://www.nuevatribuna.es/articulo/sociedad/financiar-publicamente-opciones-educativas-privadas-constitucion/20191120100943168299.html
[9] https://direccionpensamientosyalgomas.blogspot.com/2020/11/tanto-monta-monta-tanto-libertad-como.html
[10] http://www.educacionyfp.gob.es/dam/jcr:89c1ad58-80d8-4d8d-94d7-a7bace3683cb/datosycifras2021esp.pdf
[11] https://www.nuevatribuna.es/articulo/sociedad/financiar-publicamente-opciones-educativas-privadas-constitucion/20191120100943168299.html
[12] http://www.educacionyfp.gob.es/dam/jcr:89c1ad58-80d8-4d8d-94d7-a7bace3683cb/datosycifras2021esp.pdf
F. Javier Murillo y Cynthia
Martínez-Garrido en Revista de Sociología de la Educación (2018)
